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La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Chiapas, ha logrado una sentencia condenatoria de hasta 17 años de prisión en contra de un grupo de 13 individuos involucrados en actividades ilícitas. Estos delitos abarcan el acopio de armas de fuego y la posesión de cargadores y cartuchos, con la agravante de pertenencia a una banda delictiva, conocida como pandillerismo.

Los hechos que llevaron a esta sentencia ocurrieron en octubre de 2022, cuando elementos de la Guardia Nacional (GN) realizaron una detención importante en las cercanías del lugar denominado Caracol, situado en Cintalapa de Figueroa, en el tramo carretero Ciudad de Ocozocoautla-Arriaga. Durante esta operación, se aseguraron un total de 14 armas largas, utilizadas exclusivamente por las Fuerzas Armadas, junto con 104 cargadores, 3,014 cartuchos útiles de diferentes calibres, y nueve teléfonos celulares que podrían haber sido utilizados en actividades delictivas.

La intervención de la FGR fue crucial para que el Ministerio Público Federal (MPF) presentara las pruebas adecuadas ante el Juez encargado del caso. Gracias a estas evidencias, se logró obtener una sentencia condenatoria notablemente severa: 17 años de prisión para algunos de los más involucrados. Entre ellos se encuentran José “C”, Mario “P”, Santiago “C” y José “H”. Otros miembros del grupo recibieron penas de hasta 15 años, tales como Anselmo “M”, Cristino “R”, Hugo “H” y David “M”. Finalmente, Alfredo “S”, Jonás “L”, Gilberto “S”, Juan “L” y César “V” fueron sentenciados a 13 años y seis meses de cárcel.

Esta situación refleja una tendencia creciente en la lucha del gobierno mexicano contra el crimen organizado y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad. La acción coordinada entre distintas fuerzas de seguridad ha permitido desmantelar operativos delictivos que, en muchos casos, han sembrado el miedo y la violencia en diversas comunidades. La neutralización de estos individuos es un paso significativo hacia la reducción de la criminalidad en la región.

La FGR y la Guardia Nacional han reiterado su compromiso en la ***lucha contra el crimen*** organizado, resaltando que estas acciones no son aisladas, sino parte de una estrategia más amplia para promover la seguridad y la justicia en México. Además, se ha enfatizado la importancia de la participación de la comunidad en la denuncia de actividades ilícitas, lo cual es fundamental para continuar con la desarticulación de bandas delictivas.

El éxito de esta operación también subraya el papel crucial que desempeña la colaboración interinstitucional. La combinación de recursos y capacidades de diversas agencias ha fortalecido la respuesta del estado ante el crimen, permitiendo operaciones más efectivas y resultados concretos. La sociedad mexicana avanza en su demanda de justicia y seguridad, y el fortalecimiento de estas instituciones es un paso hacia un futuro más seguro.

En conclusión, la sentencia dictada por la FGR marca un precedente importante en la lucha contra actividades delictivas relacionadas con la posesión de armas y el pandillerismo. La comunidad espera que estas acciones continúen en el tiempo, buscando desmantelar no solo a los individuos, sino también las estructuras que sustentan el crimen organizado en el país. La inseguridad es un problema complejo que requiere un esfuerzo conjunto y sostenido por parte de las autoridades y de la sociedad civil.