Bajo una política firme de Cero Corrupción, en la Nueva ERA de Chiapas que lidera el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), a cargo de Óscar Alberto Aparicio Avendaño, aplica la ley sin distinción alguna. Esta actitud firme no hace excepción alguna a privilegios por cargo, función o posición política, reafirmando que en el estado la legalidad no se negocia. Este enfoque es fundamental para construir un Chiapas más justo donde todos los ciudadanos sientan que la ley es igual para todos.

Ante esta situación, y en cumplimiento a una orden de aprehensión emitida por la autoridad competente, la SSP llevó a cabo una acción institucional contra un servidor público en funciones. Este acto es una clara demostración de que en Chiapas la ley se aplica con estricto apego al marco jurídico y respetando los derechos humanos. Se está trabajando de manera coordinada y permanente con las instituciones de procuración de justicia y fuerzas armadas. Esto no solo fortalece la gobernabilidad, sino que también contribuye al orden y la paz social en los 124 municipios de la entidad, permitiendo que la población viva en un entorno más seguro.

Estas acciones forman parte de una estrategia integral de seguridad con rostro humano. Esta estrategia se basa en la cercanía, la legalidad y la escucha activa. Gracias a este enfoque, se ha permitido avanzar significativamente en la recuperación de la confianza ciudadana. Este proceso es vital para consolidar instituciones sólidas y transparentes. La confianza de los ciudadanos en las autoridades es fundamental para construir una sociedad más unida y en armonía.

Además, es importante mencionar que la transparencia y la rendición de cuentas son pilares en los que se fundamenta la labor de la SSP. Las acciones de seguridad no se limitan solo a la represión del delito, sino que se extienden a la prevención y a la educación en materia de seguridad. Esto incluye campañas de sensibilización sobre la importancia de la denuncia y la participación ciudadana en el combate a la corrupción y al crimen organizado. A través de estas iniciativas, se busca que los ciudadanos se sientan parte activa en la construcción de un entorno seguro.

Asimismo, las fuerzas de seguridad están en constante capacitación para adaptarse a las nuevas realidades y desafíos que enfrenta la sociedad chiapaneca. La formación continua de los cuerpos policiales no solo es necesaria para combatir el crimen, sino que también es crucial para garantizar que sus acciones respeten los derechos humanos y la dignidad de las personas. Cada operativo y acción implementada se realiza bajo lineamientos éticos y profesionales, reafirmando el compromiso de las autoridades con la justicia y el bienestar de la población.

Finalmente, la colaboración con diferentes sectores de la sociedad, incluidos organismos no gubernamentales y académicos, es esencial para abordar los problemas de seguridad desde múltiples perspectivas. La colaboración interinstitucional permite que las soluciones sean más efectivas y que se involucren diferentes voces en la búsqueda de un Chiapas más seguro y equitativo. En este contexto, la participación ciudadana es clave para fortalecer la cultura de la legalidad y la justicia.