¿Quiénes son los verdaderos **responsables** del abandono de la obra del reencarpetamiento del asfalto en el tramo carretero federal 190, específicamente en el tramo que conecta Cintalapa y Coita?

Desde hace varias semanas, la maquinaria de la **Secretaría de Infraestructura** comenzó a retirar el pavimento en el tramo carretero Cintalapa-Coita, siendo este sector crucial entre los municipios de Cintalapa y Jiquipilas.

No obstante, estos trabajos han estado **paralizados** durante las últimas tres semanas, lo que ha generado molestias significativas y retrasos para los automovilistas que utilizan a diario este importante camino.

En este contexto, la CROC del municipio de Cintalapa juega un papel crucial, ya que prácticamente impone a la constructora la obligación de utilizar sus camiones para el acarreo de materiales, estableciendo precios arbitrarios. En situaciones donde la constructora no acepta estas condiciones, se ven **forzados** a bloquear la obra, un acto que afecta a todos.

Este conflicto ha sido decisivo en el caso de la constructora que estaba al frente de la obra en este tramo carretero. Prácticamente, la CROC les exigió condiciones onerosas que la compañía no podía cumplir, lo que llevó a la constructora a optar por retirarse, dejando las labores **abandonadas**.

En consecuencia, los más afectados son los automovilistas que se ven obligados a transitar por este trecho cada día, sufriendo considerable daño en sus vehículos debido a las malas condiciones de la carretera.

Es crucial que las **autoridades** pertinentes tomen medidas inmediatas para resolver este conflicto. En particular, se espera que la **Secretaría de Gobierno** y los organismos de mediación intervengan en este asunto, con el objetivo de evitar mayores retrasos y asegurar la finalización de una obra que es vital no solo para los habitantes de la región, sino también para el desarrollo **económico** y social de la comunidad.

Además, resulta imperativo que se implemente una regulación adecuada para que intereses personales no continúen obstruyendo el progreso **necesario** en proyectos de infraestructura que benefician a la población. Detener estas prácticas podría favorecer un avance significativo y garantizar que la **conclusión** de la obra no se vea empañada por conflictos ajenos al bienestar de la comunidad.